Un juez detiene parte de la ley migratoria de Nueva York

Los cambios en la política migratoria volvieron al centro del debate en Nueva York. Un juez federal suspendió temporalmente una parte de la ley estatal que impedía a los agentes federales de inmigración cubrirse el rostro durante sus operativos y les exigía portar identificación visible.

La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno federal y las autoridades estatales sobre el alcance de las normas migratorias. El fallo considera que Nueva York no puede imponer requisitos de este tipo a funcionarios federales porque podría entrar en conflicto con la Constitución de Estados Unidos.

Juez bloquea parte de la ley migratoria de Nueva York

La resolución fue emitida por la jueza federal Mae D’Agostino, quien concedió una medida cautelar para suspender la aplicación de las disposiciones relacionadas con el uso de mascarillas y la identificación obligatoria de los agentes de ICE. La magistrada aclaró que el caso se centra en cuestiones constitucionales y no en un juicio sobre la conveniencia de la política pública.

Asimismo, el tribunal permitió que otra parte de la legislación permanezca vigente. Se trata de la prohibición para que las agencias policiales locales celebren acuerdos de cooperación con ICE bajo el programa conocido como 287(g), una medida que el estado considera compatible con su capacidad para administrar sus propios recursos.

Lee también: LeBron James planea vivir en Nueva York mientras juega con los Sixers

El debate migratorio sigue abierto

Las autoridades estatales señalaron que estudian las opciones legales disponibles tras el fallo. Tanto la gobernadora Kathy Hochul como la fiscal general Letitia James reiteraron su respaldo a políticas que promuevan mayor transparencia durante los operativos migratorios, mientras el Departamento de Justicia sostiene que los estados no pueden regular la actuación de agentes federales.

La decisión mantiene vigente la prohibición de los acuerdos 287(g), que entrará en vigor el 25 de agosto, mientras continúa el proceso judicial sobre el resto de la legislación. El caso podría influir en otros estados que impulsan normas similares sobre la actuación de agentes federales.