La cooperación judicial entre México y Estados Unidos enfrenta una prueba en sentido inverso. Tras múltiples entregas de personas reclamadas por Washington, autoridades mexicanas buscan ahora a Emilio Valero Pérez Vargas, abogado señalado por presunto abuso de confianza relacionado con aproximadamente 2.5 millones de dólares.
El procedimiento deriva de un litigio vinculado con un consorcio español de la construcción. Información relacionada con el expediente señala que el abogado habría cobrado una resolución judicial vinculada con la representación de esa empresa, situación que originó el proceso penal.
Emilio Valero Pérez y las restricciones judiciales
Antes de la orden de aprehensión, un juez habría establecido medidas cautelares. Estas incluían presentaciones quincenales, garantía económica y el aseguramiento de un inmueble en la colonia Roma.
Además, debía entregar su pasaporte y Green Card y tenía prohibido abandonar México. Pese a esas restricciones, habría salido del país y posteriormente ingresado a Estados Unidos.
Actualmente, el caso incluye una orden de aprehensión y una Ficha Roja de Interpol. Este mecanismo solicita localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, aunque no constituye por sí mismo una orden internacional de arresto.
Asimismo, registros judiciales públicos confirman recursos promovidos por Valero Pérez Vargas ante tribunales federales mexicanos. Sin embargo, esos documentos no permiten reconstruir todos los señalamientos del expediente.
Cooperación judicial entre ambos países
La situación contrasta con las operaciones extraordinarias realizadas por México desde febrero de 2025. El gobierno mexicano ha enviado a 92 personas requeridas por autoridades estadounidenses mediante tres traslados.
El primero involucró 29 personas, entre ellas Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales. En agosto de 2025 fueron trasladadas otras 26.
Posteriormente, el 20 de enero de 2026, otras 37 personas fueron enviadas a solicitud del Departamento de Justicia. Las operaciones utilizaron mecanismos vinculados con la Ley de Seguridad Nacional y no todas siguieron procedimientos convencionales de extradición.
Ahora, las autoridades deben determinar el paradero y situación migratoria del abogado para definir los siguientes pasos legales. El caso plantea si la cooperación bilateral responderá con similar eficacia cuando México solicita localizar a una persona presuntamente refugiada en territorio estadounidense.
