El caso que involucra a una exestudiante de la Universidad Cornell volvió a sacudir a Nueva York después de que la gobernadora Kathy Hochul designara a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para supervisar la investigación.
La decisión llega después de semanas de críticas contra la actuación de las autoridades locales y tras la presentación de una demanda civil en la que la joven, identificada como Jane Doe, acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente durante una fiesta en octubre de 2024.
La investigación criminal originalmente no derivó en cargos. Sin embargo, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció recientemente que reabriría el caso y llevaría las pruebas ante un gran jurado.
Hochul cuestiona cómo se manejó el caso
La gobernadora señaló que existen dudas importantes sobre la manera en que Cornell y las autoridades locales respondieron a las acusaciones.
Hochul afirmó que la joven fue abandonada por instituciones que tenían la obligación de protegerla y cuestionó que la investigación inicial no hubiera avanzado con mayor profundidad.
Ahora será la oficina de Letitia James la que revise el expediente y determine los siguientes pasos.
La designación busca recuperar la confianza pública en una investigación que ha generado indignación dentro y fuera de Cornell.
Una demanda cambió el rumbo del caso
La controversia aumentó después de que Jane Doe presentara una demanda civil en septiembre.
De acuerdo con la denuncia, la joven habría consumido alcohol antes de llegar a la fraternidad y posteriormente habría recibido otras sustancias. La demanda sostiene que quedó incapacitada y que varios hombres la agredieron sexualmente.
Los acusados han negado las acusaciones y el caso permanece bajo investigación. Por ahora, las afirmaciones contenidas en la demanda no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.
Cornell también enfrenta cuestionamientos
La universidad ha defendido su actuación y sostiene que realizó una investigación interna amplia.
De acuerdo con documentos revisados por medios estadounidenses, Cornell realizó decenas de entrevistas y aplicó sanciones disciplinarias a integrantes de la fraternidad. El capítulo de Chi Phi en el campus también fue suspendido.
Aun así, la universidad anunció una revisión independiente de su respuesta al caso, mientras estudiantes y profesores han exigido mayor transparencia.
El debate ahora llega a la ley de Nueva York
Más allá del caso Cornell, la investigación abrió nuevamente una discusión sobre las leyes estatales relacionadas con consentimiento, alcohol y drogas.
Legisladores y organizaciones han cuestionado si las normas actuales ofrecen suficiente protección cuando una persona se encuentra intoxicada o incapacitada, particularmente cuando existe consumo voluntario de alcohol o sustancias.
La fiscalía especial tendrá ahora que revisar la evidencia disponible y determinar si existen elementos suficientes para avanzar penalmente.
El caso Cornell se ha convertido así en mucho más que una disputa entre una estudiante y una fraternidad. También representa una prueba para las instituciones universitarias y para el sistema de justicia de Nueva York frente a las denuncias de violencia sexual en los campus.
Lee también: Nueva York se convierte en uno de los grandes polos de inteligencia artificial
