El gobierno federal advirtió que podría retirar fondos destinados a infraestructura vial a Nueva York debido a la emisión de licencias comerciales de conducir a personas que no son ciudadanos estadounidenses. La advertencia coloca al estado en el centro de un nuevo choque entre políticas federales y estatales en materia migratoria y de transporte.
La amenaza surge tras auditorías federales que detectaron supuestas fallas en la verificación del estatus migratorio de algunos solicitantes de licencias comerciales. Las autoridades federales sostienen que estas prácticas podrían contravenir normas nacionales de seguridad vial y financiamiento público.
La disputa abre un nuevo conflicto entre Washington y estados con políticas migratorias amplias
El Departamento de Transporte dio a Nueva York un plazo limitado para corregir los procesos de otorgamiento de licencias o enfrentar la retención de decenas de millones de dólares en fondos federales. Estos recursos se destinan principalmente al mantenimiento y mejora de carreteras, por lo que un recorte tendría impacto directo en proyectos de infraestructura.
Funcionarios estatales defendieron que Nueva York cumple con la ley vigente y que sus procesos buscan equilibrar seguridad vial con inclusión laboral. Argumentan que muchos conductores no ciudadanos cuentan con permisos de trabajo válidos y desempeñan funciones clave en sectores como el transporte de mercancías.
Organizaciones comunitarias y líderes latinos expresaron preocupación por las posibles consecuencias de la medida. Señalan que una acción de este tipo podría afectar a trabajadores inmigrantes y a la cadena de suministro, en un momento en que el sector transporte enfrenta escasez de personal.
En diciembre, cuando los estados ajustan presupuestos y prioridades para el siguiente año, la amenaza federal adquiere mayor relevancia. Datos del sector indican que Nueva York depende en gran medida de fondos federales para sostener su red vial, lo que convierte esta disputa en un tema clave para la economía y la comunidad migrante del estado.
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